SCJN aprueba la publicación de las “Listas negras” (69-B de CFF)

El día 26 de agosto de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió diversos amparos en revisión (A.R. 51/2015, A.R. 302/2015, A.R. 354/2015, A.R. 361/2015, A.R. 424/2015, A.R. 755/2015, A.R. 561/2015), en los cuales se tildaba de inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual permite publicar en una “Lista negra” –así conocida coloquialmente- a contribuyentes que se presume emiten comprobantes fiscales de operaciones simuladas.

Las violaciones alegadas, eran respecto los siguientes derechos: audiencia, libertad de trabajo, protección de datos personales, principio de irretroactividad de la ley, presunción de inocencia, legalidad, y el artículo 22 constitucional por tratarse de una pena infamante y desproporcional.

Sin embargo, la Segunda Sala resolvió que el artículo 69-B no es violatorio de los derechos mencionados y que establece un procedimiento constitucionalmente válido para verificar si una empresa realiza este tipo de actos simulados.

Así, la Segunda Sala negó los amparos solicitados, basando tal resolución en los siguientes razonamientos:

  • – Que tal artículo es una norma procedimental, por lo que puede ser aplicada en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 6 del CCF.
  • – Que dicho precepto no altera o modifica situaciones de hecho pasadas, ya que el artículo busca verificar la realización de un hecho pasado sin eliminar los efectos que ya tenían los comprobantes fiscales o evidenciar una situación que no estaba presente desde un inicio, sin poder modificarla porque nunca existió la operación que pretendía amparar los comprobantes.
  • – Que dicho artículo respeta la garantía de audiencia, debido a que los afectados cuentan con un plazo para aportar pruebas para desvirtuar la presunción.
  • – Que no se viola el derecho de presunción de inocencia, al establecer una presunción no concluyente, ya que se pueden presentar pruebas en contrario.
  • – Que dicho artículo no vulnera el principio de proporcionalidad de los impuestos, en tanto no se trata de un impuesto.
  • – Que la propia legislación establece que la razón social o denominación social es un dato personal de carácter público, y no consiste en información confidencial que justifique su protección especial.
  • – Que el artículo impugnado no viola el derecho al trabajo, en virtud de que no impide el normal desarrollo de las actividades de la persona moral.
  • – Que la autoridad fiscal sólo tenía la obligación de respetar lo establecido por la norma, por lo que no se deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente y no se viola el principio de legalidad.

Y así, surge la siguiente interrogante: ¿Ya no se puede hacer nada en caso de que se aplique dicho artículo en perjuicio de un contribuyente?

En Simposio Fiscal – Abogados Fiscalistas, estimamos que puede haber diversos tópicos que pueden resultar en que el artículo 69-B de Código Fiscal de la Federación lo conviertan en inconstitucional e inconvencional, y que no fueron resueltos o estudiados por la Corte –por el hecho de que los amparos no lo alegaron así-, máxime que la Primera Sala no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, se estima que si bien se puede decir que se “han cerrado” las puertas para impugnar la constitucionalidad de dicho artículo, aún queda el camino de impugnar la legalidad de los actos que realice la autoridad con fundamento en dicho artículo.

POR LO CUAL, ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA REVISAR SU CASO EN PARTICULAR Y PODER DEFENDERLO EN CASO DE QUE FUERA VIABLE Y NECESARIO, ¡CONTÁCTENOS!

Bitcoin y los impuestos en México Parte 1 – #ImpuestosBTCMx

Ya han pasado algunos años desde que surgió el Bitcoin, y poco a poco empezó a ser conocido y usado en México. Aumentan las noticias de las operaciones realizadas día a día con esta moneda virtual, así como las empresas que empiezan a aceptar el Bitcoin como forma de pago, tanto a nivel nacional como TAR Aerolíneas, Gandhi y 7-Eleven (a través de Pademobile), y a nivel internacional como Dell, PayPal, TigerDirect, etc.

De hecho, diversas autoridades hacendarias han emitido comunicados sobre su tratamiento fiscal, como lo hizo el IRS (Internal Revenue Service) en Estados Unidos de América.

Sin embargo, a la fecha, no se sabe que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de México, haya emitido un comunicado o reglas al respecto, que brinde certeza jurídica sobre el pago de los impuestos correspondientes por usar Bitcoins en México.

Por lo tanto, en Simposio Fiscal, ante la omisión de un comunicado oficial por parte de las autoridades fiscales, y de las constantes preguntas que surgen al respecto; hemos iniciado un proyecto titulado #ImpuestosBTCMx, donde a través de diversas etapas, estaremos analizando la legislación fiscal aplicable, en conjunto con consultas y resoluciones por parte de las autoridades fiscales, para logar tener un panorama más claro respecto de los Bitcoins y su relación con los impuestos en México.

Entrega número 1:

Resumen:

Se presentaron dos consultas, una ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y otra ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor (PRODECON), donde se les consultó lo siguiente:

  1. Para efectos fiscales, ¿qué tipo de bien es el Bitcoin?, ¿es acaso un bien mueble intangible o debe ser considerado divisa internacional –moneda extranjera–?
  2. ¿Qué tratamiento o asiento contable se debe dar a los Bitcoins que se obtengan (asimismo, ¿qué documentación se debe conservar?)?
  3. ¿Cuál es el tratamiento fiscal que se le debe dar a los Bitcoins?

 

Surgiendo a su vez, las siguientes consultas:

  1. ¿Si al vender un Bitcoin, el precio de venta es menor al precio en que fue comprado –como es el caso que nos ocupa-, se puede deducir (para efectos del impuesto sobre la renta) dicha pérdida?
  2. ¿La venta de Bitcoins entre residentes en México causa IVA?
  3. ¿La venta de Bitcoins entre un mexicano y un residente en el extranjero causa IVA?

Fotografía de la consulta presentada ante SAT:

Foto-de-la-consulta-btc-impuestos

Y entonces, ¿qué es lo que sigue?

Queda esperar la respuesta que den las autoridades consultadas. Si en un plazo de tres meses no dan respuesta expresa a nuestra consulta, entonces se podrá interponer un juicio de amparo, para “obligar” a las autoridades a que den respuesta a la consulta realizada.

Con el paso del tiempo iremos compartiendo las respuestas que otorguen las autoridades fiscales, mientras se va generando una recopilación de tutoriales y tips, respecto de los impuestos que se deben pagar al usar Bitcoins.

#ImpuestosBTCMx

¿Tienes alguna consulta?, contáctenos, con gusto le podemos ayudar.

Entendiendo el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en 7 preguntas

1.- ¿A partir de cuando entró en vigor el artículo 69-b?

Mediante decreto publicado el 9 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se agregaron diversos artículos a la legislación fiscal, entre ellos el artículo 69-B del Código Tributario, mismo que establece un procedimiento para detectar y prevenir el fenómeno llamado “compra de facturas”.

2.- ¿Cuál es el objeto de dicho precepto?

A través de dicho artículo, se publica una lista de contribuyentes que se estima sus operaciones son simuladas, logrando así disuadir la simulación de dichos actos y la venta de facturas, por lo cual es que se busca detectar a las personas que emiten comprobantes fiscales sin que haya existido una enajenación de bienes o la prestación de algún servicio y con ello declarar inexistentes sus operaciones, lo que no sólo perjudica a quien emitió el comprobante, sino que perjudica igualmente a quien utiliza dicho comprobante como deducción.

3.- ¿Cómo es el procedimiento y de cuántas fases consta?

Primera.- Detección del contribuyente que emite comprobantes fiscales apócrifos o aquel contribuyente que se encuentra “no localizable” y su publicación en el Diario Oficial así como la Página del SAT, dándole a dicho contribuyente un plazo de 15 días para desvirtuar los señalamientos que se le hacen.

Segunda.- En caso de no desvirtuar, se publica un listado definitivo, en el que aparecerán los contribuyentes que no probaron la existencia de sus operaciones y con dicha publicación se declararán inexistentes los comprobantes fiscales expedidos por dicha persona.

Tercera.- Los contribuyentes que utilizaron o dieron efectos fiscales a las facturas emitidas por quienes se publicaron en el listado definitivo, tienen un plazo de 30 días para acreditar que efectivamente recibieron el servició o el bien que consta en dicha factura o corrijan su situación fiscal.

4.- ¿En qué me afecta que no acredite la existencia de la operación, o que no corrija mi situación fiscal?

La problemática de dicho precepto radica en que, de no acreditar la existencia del acto o contrato, la autoridad procederá a determinar créditos fiscales y dichos comprobantes serán considerados como actos simulados para efecto de delitos fiscales; entonces, para evitarnos dolores de cabeza, es necesario que revisemos los listados que publica el SAT y que guardemos la documentación que pruebe la existencia del acto o contrato y así evitar cualquier contratiempo con las autoridades fiscales.

5.- ¿Cómo prevenir un problema relacionado con dicho artículo?

Para evitar futuros problemas, es importante guardar documentos que prueben la existencia de las operaciones que realizamos aparte de las facturas, tales como contratos, recibos, etc. (conocidos como “Entregables”), ya que con ellos es posible acreditarla existencia de las operaciones y con ello evitar la aplicación del artículo 69-b.

6.- ¿Qué hacer en caso de ver mi nombre o el nombre de alguien con quien realicé operaciones en la lista del SAT?

Relacionado con el punto anterior, es importante guardar los documentos que acrediten la existencia de nuestras operaciones, y en caso de aparecer en la lista del SAT o ver el nombre de alguien con quien realizaste operaciones, acude con tu contador o abogado de confianza para que te oriente en cómo solucionar dicha problemática.

7.- ¿Es constitucional el artículo 69-B?

En Simposio Fiscal, consideramos que dicho artículo viola derechos humanos, aunado a que existen diversas lagunas en su redacción; por lo que ponemos a su disposición nuestra asesoría y defensa fiscal para prevenir, acreditar y defender a los contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 69-B y con ello otorgarles seguridad jurídica y prevención de futuros contratiempos.

 

Estamos a sus órdenes para analizar su situación fiscal y definir estrategias y soluciones, ello sin compromiso alguno.

Modificaciones al Recurso de Revocación en 2014

Burocracia

O de cómo cada vez se reducen los derechos del contribuyente y de cómo se le dan más armas a la autoridad fiscal convirtiéndola en un ente prácticamente incuestionable.

El 9 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaba diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, el cual modifica y deroga artículos relativos al Recurso de Revocación.

Pues bien, tal y como sucede con la mayor parte del paquete de la “Reforma Fiscal”, en lo referente al Recurso de Revocación hay más malas que buenas noticias.

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5 consejos para hacer una buena demanda

Buena demanda

Siempre me hice la misma pregunta: “¿Cómo hacer una buena demanda?”, y gracias a que he tenido la posibilidad de estar en Instituciones que me han permitido analizar decenas de demandas, he llegado a estas conclusiones:

1.- Acomoda la información importante de una manera fácil de leer y organizada.

No hay nada más molesto para un Secretario —o su auxiliar— que estar buscando con lupa en todo el escrito de demanda cuál es el acto impugnado, cuáles son las pruebas ofrecidas o la relación de hechos, por ello, recomiendo que los datos importantes de una demanda (los contenidos en el artículo 14 de la LFPCA, o 108 de Ley de amparo) se presenten de manera inmediata, y por supuesto, de fácil identificación.

2.- Expón lo importante, sólo eso, no necesitas explicar cosas ya sabidas o aceptadas.

Es sencillo: Si tu concepto de impugnación versará sobre el hecho de que está insuficientemente fundada la competencia de la autoridad emisora por no haber citado x artículo, enfócate en eso y listo. En verdad no necesitas poner varios párrafos y jurisprudencias explicando de manera amplia qué es la fundamentación, qué es la competencia, cuál es el contenido del artículo 16 constitucional y el 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Sólo considera que quien va a resolver el asunto, es un Magistrado o Secretario que quizá lleva muchos años dedicándose a ello, que quizá tenga varias investigaciones y estudios al respecto, ¿crees que necesitará que le expliques de manera extensa esas cuestiones TAN conocidas y aceptadas?

3.- El “silogismo jurídico” siempre será el mejor esquema de explicar un razonamiento.

Algo tan básico y tan sencillo, que aún sigue siendo olvidado y eso sólo complica la resolución de los asuntos. No hay que olvidarnos entonces del silogismo jurídico: a) Premisa mayor (qué dice la norma),  b) Premisa menor (qué sucedió, hechos), y c) Conclusión (la contraposición y consecuencia de las premisas anteriores).

Explicar las cosas sin orden alguno —aunque se tenga razón— sólo da pie a malos entendidos.

4.- Usar un adecuado uso de los márgenes.

Cuando se integra una demanda al expediente, siempre se cose del lado izquierdo, por lo tanto, deja un margen considerable —mínimo 3 centímetros— que permita leer fácilmente todo el escrito. Usar márgenes justificados y espaciado entre párrafos es imprescindible.

5.- NUNCA —en verdad nunca— utilizar la fuente Comic Sans.

No hay tipografía más informal, grotesca y de mal gusto que la tipografía Comic Sans. No voy a entrar en cuestiones de diseño y tipografía porque no es mi especialidad, pero si gustas analizar el porqué de mi aseveración, basta que leas un escrito realizado con esa tipografía y lo compares con una tipografía como Helvetica para observar las grandes diferencias, o buscar en Google “comic sans” para darte cuenta de las decenas de críticas malas que tiene dicha tipografía por su feo aspecto.

Y ya como último, omito el hecho de utilizar una impecable ortografía, no creo que todavía haya abogados que pasen por alto este hecho, ¿verdad?

Disclaimer: Se hace referencia a una “buena demanda” por lo que va al tema de estilo y redacción, no cuestiones técnicas, además, este post va a dirigido a abogados fiscalistas y administrativistas, aunque hay cuestiones que sin duda aplican a otras materias.