SCJN aprueba la publicación de las “Listas negras” (69-B de CFF)

El día 26 de agosto de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió diversos amparos en revisión (A.R. 51/2015, A.R. 302/2015, A.R. 354/2015, A.R. 361/2015, A.R. 424/2015, A.R. 755/2015, A.R. 561/2015), en los cuales se tildaba de inconstitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual permite publicar en una “Lista negra” –así conocida coloquialmente- a contribuyentes que se presume emiten comprobantes fiscales de operaciones simuladas.

Las violaciones alegadas, eran respecto los siguientes derechos: audiencia, libertad de trabajo, protección de datos personales, principio de irretroactividad de la ley, presunción de inocencia, legalidad, y el artículo 22 constitucional por tratarse de una pena infamante y desproporcional.

Sin embargo, la Segunda Sala resolvió que el artículo 69-B no es violatorio de los derechos mencionados y que establece un procedimiento constitucionalmente válido para verificar si una empresa realiza este tipo de actos simulados.

Así, la Segunda Sala negó los amparos solicitados, basando tal resolución en los siguientes razonamientos:

  • – Que tal artículo es una norma procedimental, por lo que puede ser aplicada en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 6 del CCF.
  • – Que dicho precepto no altera o modifica situaciones de hecho pasadas, ya que el artículo busca verificar la realización de un hecho pasado sin eliminar los efectos que ya tenían los comprobantes fiscales o evidenciar una situación que no estaba presente desde un inicio, sin poder modificarla porque nunca existió la operación que pretendía amparar los comprobantes.
  • – Que dicho artículo respeta la garantía de audiencia, debido a que los afectados cuentan con un plazo para aportar pruebas para desvirtuar la presunción.
  • – Que no se viola el derecho de presunción de inocencia, al establecer una presunción no concluyente, ya que se pueden presentar pruebas en contrario.
  • – Que dicho artículo no vulnera el principio de proporcionalidad de los impuestos, en tanto no se trata de un impuesto.
  • – Que la propia legislación establece que la razón social o denominación social es un dato personal de carácter público, y no consiste en información confidencial que justifique su protección especial.
  • – Que el artículo impugnado no viola el derecho al trabajo, en virtud de que no impide el normal desarrollo de las actividades de la persona moral.
  • – Que la autoridad fiscal sólo tenía la obligación de respetar lo establecido por la norma, por lo que no se deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente y no se viola el principio de legalidad.

Y así, surge la siguiente interrogante: ¿Ya no se puede hacer nada en caso de que se aplique dicho artículo en perjuicio de un contribuyente?

En Simposio Fiscal – Abogados Fiscalistas, estimamos que puede haber diversos tópicos que pueden resultar en que el artículo 69-B de Código Fiscal de la Federación lo conviertan en inconstitucional e inconvencional, y que no fueron resueltos o estudiados por la Corte –por el hecho de que los amparos no lo alegaron así-, máxime que la Primera Sala no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, se estima que si bien se puede decir que se “han cerrado” las puertas para impugnar la constitucionalidad de dicho artículo, aún queda el camino de impugnar la legalidad de los actos que realice la autoridad con fundamento en dicho artículo.

POR LO CUAL, ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA REVISAR SU CASO EN PARTICULAR Y PODER DEFENDERLO EN CASO DE QUE FUERA VIABLE Y NECESARIO, ¡CONTÁCTENOS!

Entendiendo el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en 7 preguntas

1.- ¿A partir de cuando entró en vigor el artículo 69-b?

Mediante decreto publicado el 9 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se agregaron diversos artículos a la legislación fiscal, entre ellos el artículo 69-B del Código Tributario, mismo que establece un procedimiento para detectar y prevenir el fenómeno llamado “compra de facturas”.

2.- ¿Cuál es el objeto de dicho precepto?

A través de dicho artículo, se publica una lista de contribuyentes que se estima sus operaciones son simuladas, logrando así disuadir la simulación de dichos actos y la venta de facturas, por lo cual es que se busca detectar a las personas que emiten comprobantes fiscales sin que haya existido una enajenación de bienes o la prestación de algún servicio y con ello declarar inexistentes sus operaciones, lo que no sólo perjudica a quien emitió el comprobante, sino que perjudica igualmente a quien utiliza dicho comprobante como deducción.

3.- ¿Cómo es el procedimiento y de cuántas fases consta?

Primera.- Detección del contribuyente que emite comprobantes fiscales apócrifos o aquel contribuyente que se encuentra “no localizable” y su publicación en el Diario Oficial así como la Página del SAT, dándole a dicho contribuyente un plazo de 15 días para desvirtuar los señalamientos que se le hacen.

Segunda.- En caso de no desvirtuar, se publica un listado definitivo, en el que aparecerán los contribuyentes que no probaron la existencia de sus operaciones y con dicha publicación se declararán inexistentes los comprobantes fiscales expedidos por dicha persona.

Tercera.- Los contribuyentes que utilizaron o dieron efectos fiscales a las facturas emitidas por quienes se publicaron en el listado definitivo, tienen un plazo de 30 días para acreditar que efectivamente recibieron el servició o el bien que consta en dicha factura o corrijan su situación fiscal.

4.- ¿En qué me afecta que no acredite la existencia de la operación, o que no corrija mi situación fiscal?

La problemática de dicho precepto radica en que, de no acreditar la existencia del acto o contrato, la autoridad procederá a determinar créditos fiscales y dichos comprobantes serán considerados como actos simulados para efecto de delitos fiscales; entonces, para evitarnos dolores de cabeza, es necesario que revisemos los listados que publica el SAT y que guardemos la documentación que pruebe la existencia del acto o contrato y así evitar cualquier contratiempo con las autoridades fiscales.

5.- ¿Cómo prevenir un problema relacionado con dicho artículo?

Para evitar futuros problemas, es importante guardar documentos que prueben la existencia de las operaciones que realizamos aparte de las facturas, tales como contratos, recibos, etc. (conocidos como “Entregables”), ya que con ellos es posible acreditarla existencia de las operaciones y con ello evitar la aplicación del artículo 69-b.

6.- ¿Qué hacer en caso de ver mi nombre o el nombre de alguien con quien realicé operaciones en la lista del SAT?

Relacionado con el punto anterior, es importante guardar los documentos que acrediten la existencia de nuestras operaciones, y en caso de aparecer en la lista del SAT o ver el nombre de alguien con quien realizaste operaciones, acude con tu contador o abogado de confianza para que te oriente en cómo solucionar dicha problemática.

7.- ¿Es constitucional el artículo 69-B?

En Simposio Fiscal, consideramos que dicho artículo viola derechos humanos, aunado a que existen diversas lagunas en su redacción; por lo que ponemos a su disposición nuestra asesoría y defensa fiscal para prevenir, acreditar y defender a los contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 69-B y con ello otorgarles seguridad jurídica y prevención de futuros contratiempos.

 

Estamos a sus órdenes para analizar su situación fiscal y definir estrategias y soluciones, ello sin compromiso alguno.