En México, la planeación económica es básicamente la toma de decisiones que gestiona el estado para administrar los recursos que ingresan al mismo, dentro de los cuales se encuentran por supuesto, los provenientes del pago de impuestos.
Si bien es cierto que en México la cultura del pago de impuestos esta quebrantada, pues como ha quedado claro en diversos estudios e incluso documentales, una parte considerable de la ciudadanía expresa claramente que no es su deseo el pago de contribuciones.
Lo anterior, pues la percepción del mexicano es que no siempre se ven reflejadas dichas contribuciones en mejoras en los servicios públicos y calidad de vida, por lo que se podría decir entonces, que el mexicano desconfía de su propio gobierno,
Por otra parte, e independientemente de la percepción del gobernado, es un hecho que el estado debe de cumplir con el objeto de procurar la satisfacción de las necesidades públicas, y es necesario hacerse de los medios económico para ello.
Dicho lo anterior, es que encontramos el fundamento de las contribuciones al gasto público en nuestra máxima ley, en los artículos 31 fracción IV, que establece la obligación de los Mexicanos a contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional, así como los diversos 73 fracción VIII de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y otros como el 25,26, 73 fracción XXIV, 79 y 113 de la misma constitución, mismos que exigen una planeación económica y fiscal para administrar los recursos de la nación.
Entonces, es la Secretaría de Hacienda y crédito Público, apoyada del Servicio de Administración Tributaria, la encargada de recaudar ingresos y distribuirlos para su correcto uso.
Dayane Orozco.